Madrid, 29 de enero de 2026. JUCIL ha dirigido un escrito formal a la Secretaría de Estado de Función Pública y a la Secretaria de Estado de Seguridad para solicitar que los guardias civiles sean incluidos, en igualdad de condiciones, en las mejoras laborales y sociales que se están negociando en el marco de los dos Acuerdos Marco recientemente firmados para el conjunto de la Administración General del Estado.

Desde JUCIL recordamos que los guardias civiles son empleados públicos y forman parte plenamente de la Administración General del Estado, tal y como reconocen la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, no pueden quedar ni excluidos ni rezagados en la aplicación de decisiones que afectan al conjunto del personal al servicio del Estado.

La asociación ha trasladado su preocupación por el hecho de que, en las negociaciones mantenidas entre los sindicatos y la Secretaría de Estado de Función Pública, la Guardia Civil pueda quedar excluida o apartada, pese a que dichas medidas inciden directamente en condiciones laborales esenciales como la jornada, la conciliación, la carrera profesional, las retribuciones o las jubilaciones.

JUCIL ha solicitado de forma expresa que la jornada laboral de 35 horas semanales sea aplicada también a los guardias civiles, al igual que al resto de empleados públicos. Los guardias civiles son madres y padres, con responsabilidades familiares y personales, y no existe justificación alguna para negarles o retrasarles un derecho que se reconoce al resto de funcionarios.

Asimismo, la asociación ha reiterado la necesidad de avanzar en el desarrollo y reclasificación en el grupo B, acorde con el nivel de exigencia, responsabilidad y formación que requiere el desempeño de las funciones de seguridad pública. JUCIL considera imprescindible que el Gobierno desarrolle este grupo funcionarial y permita a los guardias civiles acceder a una clasificación profesional coherente con la realidad de su trabajo.

Otro de los aspectos planteados es la implantación de una carrera profesional horizontal, ya existente en numerosas administraciones autonómicas y locales, y que debe extenderse también a la Administración General del Estado y, por tanto, a la Guardia Civil. La falta de expectativas de progresión profesional es una de las principales fuentes de desmotivación dentro del Cuerpo.

JUCIL ha pedido, igualmente, la modificación de las indemnizaciones por razón del servicio, cuyas cuantías llevan años sin actualizarse y no se corresponden con el coste real de alojamiento y manutención. En demasiadas ocasiones, los guardias civiles se ven obligados a adelantar dinero de sus propias economías familiares para poder prestar estas comisiones. Esta situación es insostenible y requiere una revisión inmediata, eliminando los grupos y dejando un único importe igualitario para todos, de como mínimo el correspondiente al grupo 1, garantizando importes dignos y actualizables.

En el mismo sentido, la asociación ha solicitado una revisión realista de las indemnizaciones por residencia (insularidad), ajustándolas al coste efectivo de la vida en los territorios afectados, como única forma de evitar la falta de efectivos y la merma del servicio público de seguridad.

Otro de los puntos abordados ha sido la jubilación demorada y parcial, una modalidad reconocida en la normativa vigente pero que, en la práctica, es sistemáticamente denegada a los guardias civiles. JUCIL exige que estas solicitudes no sean rechazadas de forma sistemática y que cualquier denegación esté debidamente motivada, basada en criterios objetivos y no en la edad como único argumento, además de discriminatorio.

La asociación también ha solicitado participar en la tramitación y negociación del anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública, al tratarse de una norma que afectará directamente a los guardias civiles como empleados públicos. No es aceptable que se legisle sobre sus condiciones laborales sin contar con su voz ni con la de sus representantes.

Especial preocupación genera asimismo el agravio comparativo existente en el régimen de Clases Pasivas, donde guardias civiles que realizan el mismo trabajo y tienen las mismas responsabilidades ven reducida su pensión en más de un 30 % únicamente por pertenecer a un régimen distinto al de la Seguridad Social. JUCIL considera esta situación discriminatoria e injusta y exige que cualquier reforma, se inicie con la eliminación de estas diferencias.

Por último, la asociación ha pedido que las mejoras en el  régimen de permisos sean aplicadas en el mismo momento que para el resto de la Administración General del Estado, y que la mejora del mutualismo administrativo, evitando cualquier discriminación entre empleados públicos pertenecientes a distintos sistemas, como MUFACE o ISFAS, suponga corregir las deficiencias en la calidad del servicio a prestar y en garantizar la continuidad de los convenios.

JUCIL estará muy pendiente de todo ello y está realizando los contactos oportunos para lograr dichos objetivos.