Madrid, 13 de marzo de 2026. JUCIL ha manifestado su profunda indignación y desconcierto ante la decisión de la Abogacía del Estado de no ejercer la acusación en el proceso judicial por el asesinato de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, fallecidos el 9 de febrero de 2024 en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha durante una intervención contra el narcotráfico.

La asociación considera que, pese al respeto a las decisiones procesales adoptadas en el ámbito judicial, la gravedad de los hechos debería haber llevado a la máxima implicación institucional. Para JUCIL, cuando se ataca a la Guardia Civil se está atacando al Estado y al conjunto de los ciudadanos, especialmente cuando los agentes se encontraban actuando para combatir el narcotráfico y proteger la seguridad pública.

Desde la organización recuerdan que se trata de uno de los ataques más graves sufridos por la Guardia Civil en décadas. Dos agentes perdieron la vida y otros resultaron heridos de gravedad tras una acción extremadamente violenta vinculada al crimen organizado. En este contexto, JUCIL considera que el Estado tiene la obligación de responder con la mayor firmeza jurídica posible frente a este tipo de hechos.

La asociación denuncia que esta decisión supone una nueva muestra de la falta de respaldo institucional que, a su juicio, vienen denunciando desde el mismo momento en que se produjeron los hechos. Para JUCIL resulta incomprensible que el Estado, al que servían los agentes fallecidos, se sitúe ahora en un segundo plano en el proceso judicial, reduciendo la presión institucional frente a los responsables del crimen.

Asimismo, JUCIL advierte de que esta situación transmite un mensaje de desamparo a los guardias civiles que cada día desarrollan su labor en primera línea frente al crimen organizado. La asociación recuerda que los agentes arriesgan su vida en el ejercicio de sus funciones y deben contar con el respaldo pleno de las instituciones.

Por ello, JUCIL exige que se esclarezcan todas las responsabilidades relacionadas con este trágico suceso, tanto las de quienes ejecutaron el ataque como las posibles decisiones o actuaciones que pudieron contribuir a que los agentes se enfrentaran a una situación de riesgo extremo.

La asociación reitera su compromiso de continuar trabajando para que se haga justicia plena por la muerte de David Pérez y Miguel Ángel González, en defensa de sus familias y de todos los guardias civiles que cada día salen de sus casas para proteger a la sociedad sin saber si regresarán con sus seres queridos.