Sevilla, 16 de marzo de 2026. Representantes de JUCIL han participado en una reunión celebrada en la sede del Partido Popular de Sevilla junto con otras asociaciones profesionales de la Guardia Civil para trasladar diversas problemáticas que afectan al funcionamiento del servicio y a las condiciones en las que desarrollan su labor los agentes en la provincia.
Durante el encuentro se abordó en primer lugar la situación de las plantillas y la falta de efectivos, una realidad que preocupa especialmente en Sevilla. Las asociaciones explicaron que las promociones actuales no compensan las jubilaciones que se producen cada año, lo que provoca una merma progresiva del número de guardias civiles disponibles para prestar servicio en la calle y atender las necesidades de seguridad de la ciudadanía.
Otro de los asuntos planteados fue la necesidad de renovar el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil. Desde JUCIL se explicó que el catálogo vigente resulta obsoleto y no refleja muchas de las unidades que se han creado en los últimos años, lo que obliga en muchos casos a detraer efectivos de las plantillas destinadas al servicio directo al ciudadano para cubrir nuevas funciones.
La reunión también sirvió para abordar la problemática relacionada con las custodias de detenidos en centros hospitalarios, así como las medidas de seguridad de las que disponen los agentes ante la evolución de las amenazas, especialmente teniendo en cuenta el avance de las nuevas tecnologías y los cambios en el armamento empleado por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En este contexto se analizó igualmente la cuestión del denominado “petaqueo” y posibles soluciones a esta práctica.
Asimismo, se trataron cuestiones relacionadas con el estado de las estaciones del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), la situación de la plantilla del Servicio Marítimo y la efectividad de los servicios que se desarrollan en el río Guadalquivir, elementos clave en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.
Durante el encuentro también se puso de manifiesto la preocupación existente entre los agentes por la pérdida de autoridad que perciben en determinadas intervenciones durante el servicio, así como por la necesidad de contar con un respaldo institucional claro en el ejercicio de sus funciones.
Por último, las asociaciones recordaron que, a pesar de las reiteradas reivindicaciones del colectivo, los guardias civiles siguen sin ser reconocidos oficialmente como profesión de riesgo, una demanda histórica que continúa pendiente de materializarse tanto durante anteriores gobiernos como en la actualidad.
JUCIL ha reiterado su compromiso de seguir trasladando estas cuestiones a los distintos actores políticos e institucionales con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los guardias civiles y garantizar un servicio público de seguridad eficaz para todos los ciudadanos.
