El Tribunal Supremo da la razón a JUCIL y anula el decreto de expulsión de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra
La asociación profesional logra del máximo tribunal español la nulidad de la transferencia de la competencia de tráfico a la comunidad de Navarra y precisa que sólo a través de una ley orgánica aprobada en el Parlamento español podrá llevarse a cabo este traspaso, nunca por un decreto ley del Gobierno
JUCIL saluda esta decisión judicial y lamenta haber tenido que recurrir a estas instancias para que se imponga el sentido común y se condene el uso de los guardias civiles como una simple moneda de cambio en los cambalaches políticos para asegurar el gobierno de la comunidad con el apoyo de los independentistas de EH Bildu.
Sólo la asociación profesional de la Guardia Civil (JUCIL) se opuso más allá de las manifestaciones en la calle y defendió en los tribunales la ilegitimidad de las formas usadas por el Gobierno para la cesión a Navarra de las competencias en materia de Tráfico. El Tribunal Supremo ha dado la razón a esta asociación profesional, que defiende los intereses generales, laborales y sociales de los guardias civiles hasta donde le es posible. Y esta vez ha sido posible en el máximo tribunal de Justicia, que confirma las tesis de JUCIL y anula el decreto ley con el que el Ejecutivo pretendía transferir unas competencias que sólo se pueden traspasar a través de una ley orgánica, es decir, una norma aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Vuelta de todo el proceso a la casilla de salida y a iniciar otro camino, el legal, si se quiere, o se puede continuar.
El traspaso en materia tan importante como es el Tráfico no puede hacerse por un mero acuerdo del Consejo de ministros, afirma rotundo el Supremo. Fracasa el sistema exprés que pretendía eliminar la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Si quieren, tendrán que acudir, como marca la ley, a la modificación de la Ley del Amejoramiento del Fuero, el estatuto de autonomía por el que se rige Navarra o bien, la aprobación de una ley específica que traspase esas competencias. En ambos casos tendrá la condición de ley orgánica y exige la mayoría absoluta de la cámara. “Los servicios jurídicos de JUCIL precisaron que, con las prisas de usar a los guardias civiles como moneda de cambio para asegurar el gobierno en Navarra, se saltaban los preceptos legales”, ha afirmado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Desde el primer momento dijimos que ésta no era la forma de hacer estas cosas. En nuestra demanda ante el Supremo admitíamos que, si finalmente es el Parlamento quien decide que sea así, al menos que se cumplan los procedimientos legales. No es lógico que el Gobierno se salte las normas”, ha dicho Vilariño.
Con la rotundidad del fallo judicial: “La competencia ha sido, siempre, de la Guardia Civil”
El fallo del Tribunal Supremo razona que la Ley de Reintegración y Amejoramiento no incluye ningún título competencial que encaje en las tareas que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Y cuando se pregunta qué competencia tenía Navarra respecto al tráfico antes de la aprobación de esta norma precisa que “la realidad” es que “la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil” por lo que la Policía Foral se ha limitado a una función “subordinada” en este aspecto, Y son estas funciones que ejerce la Guardia Civil “las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial” ni con la actual ley foral, ni antes de promulgarse, argumentan los magistrados del Supremo.
Respaldo a la demanda de JUCIL
La sentencia desestima las alegaciones planteadas por la Comunidad Navarra de que JUCIL carecía de legitimación activa para llevar adelante el recurso. Y el tribunal utiliza para justificar esta legitimación los razonamientos que eleva la comunidad foral. “La mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia comunidad, porque para negársela sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y, a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas en otros destinos geográficos, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral”, explica el fallo judicial.
“Es obvio que cualquiera de estas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”, concluyen los magistrados del Tribunal Supremo.
Jugaban con la vida de doscientas familias
“Los guardias civiles hemos sido usados, una vez más, como moneda de cambio para formar una mayoría de gobierno en una región en la que necesitaban los votos de los independentistas de EH Bildu. No les ha importado recurrir a un método ahora declarado nulo por los tribunales para conseguir sus objetivos” afirma Ernesto Vilariño. “Han jugado con la vida de los cerca de doscientos compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, pero también con la de sus familias, porque se trata de personas que residen en esta comunidad, muchos incluso son nacidos en ella y, ahora también lo reconoce la sentencia del Supremo, se les imponía la voluntad de unirse a la Policía Foral, si esto era posible, o verse expulsados de Navarra”, agrega Vilariño
La Sentencia ha estimado los argumentos de JUCIL, con sustento adicional en un Dictamen elaborado por el prestigioso jurista navarro Jaime Ignacio del Burgo, en contra de los argumentos de la Abogacía del Estado y de los Servicios jurídicos de la Comunidad Foral de Navarra.
Absuelto un guardia civil acusado de empujar a una conductora en un control de tráfico para comprobar el estado del vehículo
Los servicios jurídicos de JUCIL logran la exoneración de un asociado al que la denunciante acusaba de un delito leve de maltrato de obra
El fallo precisa que los agentes de la autoridad están facultados para adoptar medidas preventivas de su propia seguridad a la hora de practicar la actuación policial
Los servicios jurídicos de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) han logrado la absolución de un guardia civil al que una conductora acusó de un delito leve de maltrato de obra cuando fue apartada por el agente de la discusión que este guardia civil mantenía con la pareja de la denunciante.
Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Calahorra, en La Rioja, donde una patrulla de tráfico detuvo a un vehículo para comprobar si cumplía la normativa en materia del tamaño de la matrícula y al observar un importante desgaste en los neumáticos.
La conductora llamó por teléfono a su pareja, quien se presentó en el lugar de los hechos y discutió con los agentes, una polémica que finalizó en forcejeo por lo que éste fue detenido. En ese momento, la mujer intentó colocarse por delante y fue retirada por el guardia civil.
Argumentos a favor de la actuación policial
La denunciante alegó en su declaración y en el juicio que el guardia civil le había retirado su teléfono móvil para dejarlo sobre el vehículo. Según recoge el texto de la sentencia, los agentes de la autoridad están facultados para adoptar medidas preventivas de su propia seguridad a la hora de practicar la actuación policial. “En base a ello, es legítimo que los funcionarios procedan a realizar un cacheo superficial en busca de armas y objetos con los que podrían ser agredidos, pueden dar instrucciones a los implicados o a otras personas en orden a guardar una mínima distancia de seguridad con los agentes, a fin de que éstos puedan ejercer sus funciones. En definitiva, pueden retirar temporalmente a cualquier persona un objeto cotidiano, como un teléfono móvil, que en potencia puede ser arrojado contra los agentes”, afirma el texto de la sentencia absolutoria. “El nerviosismo de la denunciante y su agitado lenguaje corporal constituyen razón bastante para que se le retirara el terminal momentáneamente y mientras existiera riesgo de agresión”, añade la sentencia.
Los agentes de la autoridad están facultados para adoptar medidas preventivas de su propia seguridad a la hora de practicar la actuación policial. En base a ello es legítimo que los funcionarios procedan a realizar un cacheo superficial en busca de armas u objetos con los que podrían ser agredidos, pueden dar instrucciones a los implicados u otras personas en orden a guardar una mínima distancia de seguridad con los agentes a fin de que los mismos pueden ejercer sus funciones y en definitiva pueden retirar temporalmente a cualquier persona un objeto cotidiano, como un teléfono móvil, que en potencia podría ser arrojado a los agentes. El nerviosismo de la denunciante y su agitado lenguaje corporal constituyen razón bastante para que se le retirara el terminal momentáneamente y mientras existiera riesgo de agresión
Abiertos a la defensa de todos los guardias civiles
Los servicios jurídicos de JUCIL se hallan dispuestos a la defensa de todos los asociados, pero también de todos aquellos compañeros que así lo deseen. Si necesitas la colaboración de JUCIL sólo tienes que ponerte en contacto con los delegados y representantes en tu provincia, en tu demarcación o en tu unidad. Ellos te informarán de los pasos a seguir. Si necesitas más información la puedes encontrar en jucil.es
JUCIL lo reclama, los guardias civiles somos profesión de riesgo y de nuevo en Cádiz los compañeros sufren ataques de los traficantes
Un vehículo que escapaba tras, recoger fardos de tabaco de una embarcación golpea a un coche oficial de la Guardia Civil cuando intentaba escapar en una pedanía de la localidad gaditana de San Roque a pesar de que el ministro asegure que la situación está controlada en esta provincia
La asociación profesional resalta que la pérdida del principio de autoridad facilita una acción cada vez más violenta de las mafias que trafican con tabaco, con droga y con personas en el Estrecho de Gibraltar
No ha pasado ni una semana desde el asesinato feroz de nuestros compañeros David y Miguel Ángel a manos de unos narcotraficantes en Barbate cuando hablamos de una acción violenta de las mafias que trafican con tabaco, drogas y personas por el Estrecho de Gibraltar. De nuevo varios compañeros han estado en peligro real cuando un contrabandista, en su intento de escapar de la acción de la Guardia Civil, ha embestido contra el vehículo oficial. Afortunadamente esta vez la acción ha finalizado con la detención de esta persona sin que se hayan registrado lesiones por parte de los guardias civiles que han intervenido.
Pero lo ocurrido, ahora en San Roque, muestra la violencia, cada vez mayor, con la que actúan estos grupos de delincuentes. El principio de autoridad se ha roto y la acción de los guardias civiles está sometida a un peligro constante y creciente. ¡Sin que nuestra profesión sea reconocida como de riesgo!
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado desde hace años, y los hechos nos dan la razón, lamentablemente. Un nuevo caso de contrabando ha acabado con un vehículo policial destrozado tras embestir su conductor contra la pareja de guardias civiles que intentaban detenerlo. Los hechos han este jueves , en torno a las seis de la mañana. Las imágenes que nos han remitido nuestros compañeros y que acompañan a este comunicado dan cuenta de la violencia real de estos hechos. Un vehículo a la fuga que provenía de la refinería de CEPSA situada en San Roque y en dirección a Puente Mayorga ha embestido a un vehículo de la Guardia Civil por su parte trasera dándose posteriormente a la fuga el conductor. Esta persona posteriormente se ha tirado al agua en un muelle deportivo cercano al lugar de los hechos. “Ya decíamos que, durante nuestra estancia en Cádiz, por los funerales de nuestros compañeros asesinados el viernes pasado, vimos con nuestros propios ojos el movimiento de planeadoras en varios puntos de la costa gaditana y de Almería” ha manifestado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Lo ocurrido esta mañana, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para los guardias civiles, muestra una vez más cómo es de peligroso este trabajo, sobre todo en el Campo de Gibraltar, y a qué presiones están sometidos nuestros compañeros en esta zona”, ha recordado Vilariño.
Los guardias vieron cómo se descargaban los fardos
“Después de que se localizara a una embarcación que descargaba fardos en un coche, dos agentes, identificados con chalecos, se adelantan a la salida de una curva al principio de una recta con la intención de dar el alto al vehículo. El conductor con la carga no hace caso a las señales para detenerse y se da a la fuga. Al final de esta recta, a más de cien metros el vehículo oficial, en un cruce iluminado y con las luces prioritarias le cierra el paso, pero a pesar de la velocidad, el coche perseguido embiste al vehículo de la Guardia Civil y logra pasar.
Unos cien metros más adelante, el conductor sale y corre en dirección al puerto, pero al ver que no tiene escapatoria, lo intenta arrojándose al agua”, narra un compañero de los dos guardias civiles desde Cádiz. “Lo ocurrido muestra cómo de vacías y falsas han sido las declaraciones de estos últimos días del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, quien aún no ha dimitido pese a su más que evidente fracaso en la lucha contra el tráfico de drogas, de contrabando y de personas por el Estrecho de Gibraltar”, ha afirmado Ernesto Vilariño. “En esta ocasión, afortunadamente, los guardias civiles no han sufrido heridas durante su intervención, pero lo ocurrido expresa cómo ha aumentado la violencia de estas organizaciones mafiosas en sus operaciones. Seguimos reclamando la declaración de actividad peligrosa para el trabajo de los guardias civiles y la consideración de Zona de Especial Singularidad para todo el Campo de Gibraltar”, ha agregado el secretario general de JUCIL
JUCIL se persona como acusación popular en el caso abierto por el asesinato de los dos compañeros guardias civiles en Barbate
La asociación profesional se incorporó a la causa en la tarde de ayer lunes, minutos después de que se trasladara ante el Juzgado de Instrucción a los ocho detenidos por su posible participación este crimen
JUCIL ejercerá la acción popular en defensa de los intereses generales de todos los guardias civiles. “No eran socios, pero JUCIL pelea por todos” afirma el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) se ha personado ya para ejercer la acusación popular en el caso abierto por el asesinato de nuestros compañeros David y Miguel Ángel, arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate en las últimas horas de la tarde del pasado viernes. Los servicios jurídicos de JUCIL prepararon desde la misma jornada del sábado último la forma de personarse ante los tribunales de Justicia que deberán de juzgar a los autores de este crimen. Así lo anunció ese día el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño. “Ni David ni Miguel Ángel eran miembros de nuestra asociación, pero JUCIL pelea por todos los derechos generales en defensa de los guardias civiles en todos los casos” argumenta Vilariño.
JUCIL ha expresado su intención ante el juzgado de instrucción que en la jornada de ayer lunes recibió en Barbate a los ocho detenidos hasta ahora por su participación en estos actos criminales. “Nuestro procurador nos anunció que se había completado la personación ante los juzgados en la tarde de ayer lunes”, explica el secretario general Jurídico de JUCIL; Alberto Álvarez Arranz. “Nos presentamos como acusación popular en defensa de los intereses generales de todos los guardias civiles”, añade Álvarez Arranz.
JUCIL, al servicio de los asociados, pero también de todos los guardias civiles
La asociación profesional se ha volcado desde la misma noche del viernes en dar respuesta a las numerosas dudas surgidas entre los compañeros tras este asesinato salvaje y tanto el secretario general, Ernesto Vilariño, como el secretario de Comunicación, Agustín Leal, se trasladaron de inmediato a la localidad gaditana. Para dar apoyo y cariño a las familias de los dos fallecidos en primer lugar y también para estar junto a sus compañeros, que en estos días han vivido y aún viven momentos de gran dolor.
El Comité Ejecutivo Nacional de JUCIL valora el esfuerzo que muchos asociados en la provincia de Cádiz han llevado a cabo a lo largo de estos días y el apoyo que han dado a los desplazados. Su labor ha permitido que la voz de los guardias civiles, a través de JUCIL, haya resonado fuerte y clara en prácticamente todos los medios de comunicación: periódicos, digitales, radios, televisiones y también en redes sociales. Ese trabajo ha facilitado que la opinión de los guardias civiles haya llegado a su máxima difusión y que, junto al dolor por la pérdida de David y Miguel Ángel, se haya podido escuchar también la indignación que llena hoy nuestros pechos, por la que hemos pedido y seguimos exigiendo, la dimisión o el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y el del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.
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