• La asociación mayoritaria de la Guardia Civil denuncia que cada día se producen más avistamientos de estas embarcaciones que suplen de combustible a las narcolanchas.

• Chiclana y el río Guadalete se han convertido en las ‘gasolineras’ de Cádiz. El desplazamiento de las rutas de droga desde Algeciras al resto de puertos de Cádiz y Huelva, así como al Guadalquivir en Sevilla, está produciendo una gran alarma social.

• En 2023 ya se avistó un 48 % más de embarcaciones cargadas con petacas de gasolina. “Este año volveremos a batir otro triste récord”.

• JUCIL lleva dos años solicitando la tipificación en el Código Penal del transporte y almacenamiento de gasolina para poder actuar contra estas embarcaciones, que se mueven con impunidad. En diciembre se aprobó por el Senado y ahora debe pasar al Congreso, ante lo que pide “agilidad”.

17 de enero de 2024. JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, alerta sobre la proliferación de redes de petaqueros en Andalucía, al albur del aumento del narcotráfico. Este fenómeno está generando un grave problema en provincias como Cádiz y Huelva, donde estas embarcaciones entran y salen del puerto con impunidad para proveer de combustible a las narcolanchas que permanecen en alta mar. Para ello utilizan tanto embarcaciones pequeñas, como las propias embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.

Así, Chiclana y el río Guadalete se han convertido en las ‘narcogasolineras’ de Cádiz. Y lo mismo ocurre en Huelva. El desplazamiento de las rutas de droga desde Algeciras -debido a la presión policial- al resto de puertos de Cádiz y Huelva, así como al Guadalquivir en Sevilla, está detrás del incremento de esta actividad.

“El problema va en aumento y se pueden avistar a cualquier hora del día y de la noche. La falta de medios y personal de los que disponemos es conocido por los narcotraficantes y ante esta situación se desenvuelven con total descaro. La alarma social es grande, porque no es difícil ver lo que está sucediendo. Existe una brecha significativa en la legislación actual y a todas luces la legislación vigente es insuficiente para abordarlo con eficacia”, señala Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.

Uno de los escollos es que el transporte y almacenamiento de gasolina -en ciertas cantidades- no está tipificado todavía como delito, por lo que actualmente es difícil de demostrar que ese combustible esté destinado al suministro de narcolanchas. Un problema que Gibraltar ya atacó en 2021, con la reforma de la Petroleum Act.

Hace dos años que JUCIL viene solicitando tipificar este delito en el Código Penal, pero no ha  sido hasta diciembre cuando se ha aprobado en el Senado una proposición de ley que contempla que los petaqueros puedan ser condenados con hasta ocho años de cárcel.

Ante esta situación, JUCIL pide agilizar la aprobación de esta reforma, que ahora debe pasar al Congreso de los Diputados. “Este año volveremos a ver tristes cifras récord, si no se ponen soluciones encima de la mesa”. En 2023 -últimas cifras oficiales- ya se avistaron un 48 % más de embarcaciones cargadas con petacas de gasolina. Si bien, el problema se extiende a tierra, dado que necesitan una logística organizada para hacer acopio de la ingente cantidad de petacas.

“Desde JUCIL no nos cansamos de repetir que estamos ante un problema de primer orden. Nos enfrentamos cada vez a grupos mejor organizados y con muchos medios, tanto marítimos, como de comunicaciones y tecnología. Y también más violentos, dotados de armas en la mayor parte de los casos. Necesitamos más medios técnicos y humanos, porque estamos arriesgando nuestra vida“, insiste el delegado de JUCIL en Cádiz, Agustín Domínguez.

En este sentido, “volvemos a reclamar un plan de actuación contra el narcotráfico y la dotación de recursos y medios a la Guardia Civil para la ejecución de las funciones que tenemos encomendadas en la vigilancia marítima”, añade.

Cabe recordar que actualmente el Instituto Armado cuenta en Andalucía con 19 embarcaciones, de las cuales sólo 7 están operativas.

En 2023, últimas cifras disponibles, en Andalucía se incautó el 69% del total de hachís en España y el 23 % de la cocaína, con 247 y 27 toneladas, respectivamente.