Madrid, 09 de enero de 2026. La Audiencia Nacional ha estimado íntegramente el recurso presentado por un guardia civil al que el Ministerio del Interior había concedido inicialmente la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, pese a haber sufrido una agresión de extrema gravedad durante un servicio operativo en la provincia de Málaga. El juzgado anula la orden ministerial de 24 de junio de 2025 y reconoce el derecho del agente a recibir la Cruz con distintivo rojo, al considerar acreditado que actuó en una situación de “ineludible riesgo de perder la vida”.
La sentencia recoge que el guardia civil fue acorralado por un individuo armado con dos armas blancas, un machete y un cuchillo, que avanzó de forma directa hacia los agentes. Ante el peligro para su integridad física, el agente se vio obligado a hacer uso de su arma reglamentaria, efectuando disparos dirigidos a zonas no vitales para repeler la agresión y evitar ser apuñalado, actuación que el propio expediente administrativo calificó como correcta y proporcionada.
El magistrado subraya que la Administración describió en sus propios informes una situación de “grave agresión con concreto peligro para la vida”, “acorralamiento” y necesidad de uso del arma de fuego como última ratio, pero, de forma contradictoria, propuso la concesión del distintivo blanco. Para el juzgado, esta incongruencia vulnera el principio de coherencia y supone una aplicación arbitraria de la potestad discrecional, ya que los hechos encajan plenamente en los requisitos legales exigidos para el distintivo rojo.
En consecuencia, el fallo no se limita a anular la orden impugnada, sino que reconoce directamente el derecho del recurrente a ser condecorado con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, ordenando al Ministerio del Interior dictar la resolución correspondiente y asumir las costas del procedimiento.
Esta resolución judicial refuerza la protección jurídica de los agentes que se juegan la vida en acto de servicio y marca un precedente frente a decisiones administrativas que rebajan injustificadamente el reconocimiento de actuaciones realizadas en situaciones de riesgo extremo.
