9 de febrero de 2026.  En el segundo aniversario del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, JUCIL denuncia que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado, con un narcotráfico cada vez más violento y organizado frente a unos agentes que continúan trabajando sin los medios adecuados.

JUCIL recuerda que está personada como acusación popular en la causa judicial y que representa y defiende a dos de los compañeros que iban en la embarcación arrollada por la narcolancha, por lo que exige que se depuren todas las responsabilidades: “No solo debe haber justicia, sino que tiene ser ejemplarizante para evitar que otras tragedias vuelvan a repetirse”.

“La muerte de nuestros compañeros no fue un hecho aislado ni imprevisible. Fue la consecuencia directa de años de abandono institucional, falta de planificación y ausencia de medios marítimos y terrestres suficientes, una situación que ya había sido advertida reiteradamente por asociaciones profesionales y que, lamentablemente, sigue sin corregirse”.

Falta de medios marítimos y terrestres

JUCIL denuncia que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil continúa infradotado, con embarcaciones insuficientes, averiadas o inadecuadas para hacer frente a narcolanchas cada vez más potentes y violentas. A ello se suma la falta de medios terrestres, con vehículos con más de 250.000 kilómetros, sin sistemas de seguridad anti empotramiento y sin capacidad real para intervenir con seguridad en operaciones contra organizaciones criminales altamente especializadas.

Esta carencia de recursos sitúa a los guardias civiles en una situación de riesgo permanente, obligándolos a enfrentarse al narcotráfico en clara inferioridad de condiciones, lo que se une a la falta de respaldo jurídico e institucional.

Los datos oficiales confirman el fracaso del sistema

La última Memoria de la Fiscalía Antidroga confirma que el narcotráfico en Andalucía no solo persiste, sino que se expande y se vuelve más violento. Aunque las cifras oficiales reflejan un descenso de incautaciones de hachís, la propia fiscalía advierte que las estadísticas de aprehensiones no reflejan la cantidad real de droga que entra en el mercado, sino, en muchos casos, la insuficiencia de actuaciones policiales por falta de medios.

JUCIL constata estas afirmaciones sobre el terreno:

• Hay un uso cada vez más frecuente de narcolanchas a plena luz del día, como desafío abierto al Estado.
• El desplazamiento de las rutas del narcotráfico, que ya no se limitan al Estrecho, sino que alcanzan ríos como el Guadalquivir y otras zonas del litoral.
• El aumento de la violencia, con presencia de armas de guerra, estructuras criminales internacionales y una criminalidad cada vez más agresiva.

Dos años después, el abandono continúa

Para JUCIL, el asesinato de los guardias civiles en Barbate debería haber marcado un punto de inflexión. Sin embargo, no se ha reforzado de forma real el servicio marítimo, no se han incrementado las plantillas de manera suficiente y no se ha dotado a los agentes de los medios necesarios.

“No podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros quede reducida a un aniversario y a palabras vacías. La mejor forma de honrar su memoria es actuar, reforzar medios y proteger a quienes hoy siguen en primera línea”, señala la asociación.

JUCIL continuará ejerciendo la acusación en los tribunales y exigiendo responsabilidades políticas y administrativas, porque la lucha contra el narcotráfico no se gana con discursos ni estadísticas maquilladas, sino con medios, planificación y respeto a la vida de los guardias civiles.

De igual manera, la asociación profesional vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de recuperar el Ocon-Sur, la unidad de élite especializada que fue desmantelada sin previo aviso, y la declaración de ZES (zona de Especial Singularidad).