• La asociación profesional solicita una reunión urgente con la consejera de Función Pública, Interior y Justicia ante la incertidumbre que rodea la gestión de un servicio que actualmente prestan de forma conjunta Guardia Civil y Policía Foral.
Pamplona, 20 de febrero de 2026. La asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha manifestado su honda preocupación ante la falta de transparencia del Ejecutivo foral respecto al proceso de transferencia de las competencias de Tráfico. Ante la solicitud formal por parte de JUCIL de un encuentro presencial con la consejera de Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra para trasladar las dudas del colectivo, la asociación ha recibido una negativa como respuesta.
Actualmente, las competencias de Tráfico en la Comunidad Foral son desarrolladas de forma conjunta por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Foral. Sin embargo, JUCIL denuncia que existe una incertidumbre creciente desde hace meses sobre la gestión futura de esta materia debido al posible traslado exclusivo a agentes de la Policía Foral.
A pesar de la magnitud del cambio, los representantes de los guardias civiles denuncian que no tienen conocimiento oficial sobre el estado de tramitación de dicha transferencia, lo que genera una situación de inseguridad profesional y personal para los agentes destinados en la Agrupación de Tráfico.
Desde la asociación se recuerda que, aunque el primer intento de traspaso fue anulado judicialmente tras un recurso de JUCIL, el nuevo impulso que se pretende dar este año se está realizando sin contar con la voz de los profesionales afectados.
“Nuestra intención es establecer un canal de diálogo para conocer de primera mano cómo se va a ejecutar este proceso y en qué situación quedarán los agentes. Es decepcionante que se nos cierre la puerta y se evite dar explicaciones ante un cambio que afecta directamente a la estabilidad de las familias de los guardias civiles en Navarra”, explican desde la asociación.
JUCIL apela a la responsabilidad institucional para que el Gobierno de Navarra abandone la opacidad y acceda a un diálogo que garantice los derechos de unos profesionales que siguen prestando su servicio en las carreteras navarras con la máxima dedicación.