• JUCIL, Unión de Oficiales, AUGC, AEGS, ASES-GC y la Asociación de Cabos denuncian que la reforma del Reglamento de Extranjería elimina garantías básicas de seguridad.
• Las asociaciones alertan de que aceptar una firma del interesado en sustitución de un certificado oficial pone en riesgo a los agentes y a la ciudadanía.
Madrid, 10 de febrero de 2026. La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), en unidad de acción junto con otras asociaciones de la Benemérita (Unión de Oficiales, AUGC, AEGS, ASES-GC y la Asociación de Cabos), ha remitido una solicitud formal al ministro del Interior para que se oponga a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros. Las asociaciones denuncian la incorporación de un apartado que permitiría a los inmigrantes eludir la presentación de certificados oficiales de antecedentes penales.
El proyecto de Real Decreto contempla que, si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una “declaración responsable” de inexistencia de antecedentes penales. Para JUCIL y el resto de firmantes, este mecanismo debe suprimirse del texto final, ya que supone admitir la regularización de personas sin ofrecer garantías reales sobre su pasado delictivo.
Las asociaciones advierten de que esta medida “deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad”. Asimismo, señalan que es una “puerta abierta” para incorporar a la sociedad española a individuos que podrían haber cometido delitos muy graves en otros países.
En el documento remitido, las asociaciones solicitan formalmente que el Ministro del Interior, como máximo responsable de la seguridad, se oponga a la inclusión de este apartado en el Consejo de Ministros. JUCIL y el resto de colectivos defienden que no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores.
