• El cierre afecta a ocho familias, incluidos menores y una mujer embarazada, y pone en jaque la seguridad de 30.000 ciudadanos al comprometer la operatividad de la unidad.
• JUCIL se ha dirigido a Secretaría de Estado de Seguridad (SES) y Delegación del Gobierno Ayuntamiento de Torrelaguna y alcaldes afectados, y a la Comandancia de Madrid
27 de noviembre de 2025. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, ha activado un plan de acción urgente ante el inminente y total desalojo de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Torrelaguna por riesgo estructural. El cierre afecta a ocho familias, incluidos menores y una mujer embarazada, y pone en jaque la seguridad de 30.000 ciudadanos al comprometer la operatividad de la unidad.
La asociación se ha dirigido formalmente a la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de Torrelaguna y la Comandancia de Madrid para exigir soluciones inmediatas.
La urgente necesidad de abandonar los inmuebles, comunicada a los agentes el pasado 19 de noviembre, está motivada por un informe técnico que al parecer detecta un avance significativo de grietas que afectan a la estructura del edificio y la presencia de cavidades en el suelo, impidiendo garantizar la seguridad de los agentes y sus familias. Esta situación es la culminación de un proceso iniciado a finales de 2024, cuando la Delegación del Gobierno ya obligó a desalojar las dependencias oficiales y dos viviendas, siendo reubicadas las oficinas en un local provisional.
El principal problema a día de hoy radica en la situación de las ocho familias que residen en el acuartelamiento, cuatro de ellas con menores a su cargo. “No existen viviendas oficiales disponibles en la Comunidad de Madrid para su adjudicación inmediata, y la escasa oferta de alquiler en la zona, sumada a los precios elevados, deja a nuestros compañeros y sus familias en una situación de indefensión y con escaso margen de tiempo para el realojo,” señalan desde JUCIL.
El cierre total del edificio no solo impacta a las familias, sino que afecta directamente a la unidad que da servicio a más de 30.000 habitantes de localidades como Torrelaguna, Cabanillas, Patones, Venturada, Redeña, Torremocha, Berrueco y La Cabrera.
Aunque las dependencias burocráticas se han trasladado provisionalmente a otro lugar, el desalojo del cuartel genera un grave problema en el depósito de armamento, vehículos oficiales y la continuidad de los servicios esenciales. En las nuevas dependencias no hay espacio suficiente para todo el material policial necesario, el cual aún se almacena en zonas del antiguo acuartelamiento. Esta situación se extiende a los servicios básicos del personal. El vestuario que comparten el personal masculino y femenino, y que los agentes que disponían de pabellón no utilizaban hasta ahora, es totalmente insuficiente. Al tener que hacer uso de él, se encuentran con la falta de taquillas y de espacio adecuado. La problemática se agrava en el caso de los aseos, pues solo disponen de uno que deben compartir denunciantes, detenidos, hombres y mujeres.
JUCIL exige una respuesta coordinada y urgente de todas las autoridades competentes a las que se ha dirigido para solucionar la crisis habitacional y operativa.
Por un lado, a la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) y Delegación del Gobierno les ha reclamado alojamiento digno y urgente para las familias, lo más cerca posible de Torrelaguna, además de una dotación presupuestaria de emergencia para sufragar los gastos de mudanza, traslado y realojo temporal de los afectados -con una estimación inicial no inferior a dos millones de euros-, y fondos para la reconstrucción de las instalaciones ruinosas a través de un expediente de urgencia.
Por otro lado, tanto al Ayuntamiento de Torrelaguna como al resto de alcaldes afectados les ha solicitado formalmente una audiencia para buscar soluciones conjuntas. Y, finalmente a la Comandancia de Madrid le ha requerido información detallada de la situación actual y las medidas de realojo, así como acceso al informe técnico del arquitecto para conocer los daños exactos del inmueble y la catalogación del riesgo de derrumbe.
JUCIL continuará monitorizando la situación y ejerciendo presión sobre las administraciones para garantizar que la seguridad de los ciudadanos y la dignidad de las familias de la Guardia Civil de Torrelaguna sean prioritarias.
