Madrid, 11 de febrero de 2026. JUCIL ha tenido conocimiento de la situación de un guardia civil asociado que se enfrenta a un procedimiento judicial en el ámbito de la jurisdicción militar tras haber denunciado unos hechos ocurridos durante la prestación del servicio. El caso se encuentra actualmente en trámite ante un tribunal militar, donde se solicita una pena privativa de libertad por un presunto delito de insultos a un superior.

Según la información trasladada a la asociación, los hechos se remontan a una situación de conflicto profesional en el destino del compañero, que derivó inicialmente en la apertura de un expediente disciplinario. Tras el análisis de las pruebas disponibles, dicho expediente concluyó con la apreciación de una falta leve para el guardia civil y una falta grave para el superior implicado. No obstante, tras recurrir esta situación por la vía judicial, se incoaron diligencias contra el propio denunciante.

Desde JUCIL se considera especialmente preocupante que un guardia civil pueda verse inmerso en un procedimiento penal tras haber ejercido su derecho a denunciar unos hechos que consideraba irregulares, máxime cuando existían actuaciones disciplinarias previas que avalan parcialmente su versión. La asociación recuerda la importancia de garantizar la protección efectiva de quienes denuncian y de evitar que estas situaciones puedan tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio de derechos fundamentales.

JUCIL ha puesto a disposición del asociado afectado sus servicios jurídicos y le traslada su apoyo, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos profesionales y personales de los guardias civiles, especialmente en aquellos casos en los que se ven inmersos en procedimientos judiciales derivados del ejercicio de sus funciones.