20 de noviembre de 2025. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, ha obtenido el respaldo del Partido Popular Europeo (PPE) a sus principales reivindicaciones, poniendo el foco en la urgente necesidad de reconocer los derechos de sindicación, negociación colectiva y la regulación del derecho a huelga para los guardias civiles en España.

Ernesto Vilariño y Ángel Lezcano, secretario general y secretario de Organización de JUCIL, se han reunido en Bruselas con Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, para trasladarle el profundo malestar por el abandono que sufre la Benemérita por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la flagrante falta de diálogo del Gobierno español.

La reunión en Bruselas supone un hito para JUCIL, que ve en el Grupo Popular Europeo un buen  cauce para la difusión de sus demandas. Esta actitud de comprensión y diálogo contrasta duramente con la del Gobierno español, que ni siquiera ha contestado a la reclamación colectiva presentada por JUCIL ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa.

El eje central de la acción de JUCIL reside en la defensa de los derechos laborales a través de la vía europea. La asociación ha apelado al sistema de reclamaciones colectivas del CEDS, un organismo del Consejo de Europa, para determinar si la legislación española es conforme con la Carta Social Europea, ratificada por España.

“JUCIL defiende en Europa lo que se nos niega en España, la necesidad de que los guardias civiles tengan el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva para defender nuestros derechos laborales. Entendemos que estos derechos, especialmente el de huelga, estén restringidos de alguna forma, pero no prohibidos. Deben ser regulados y sus limitaciones, compensadas”, señala Vilariño.

El argumento esgrimido por Vilariño y Lezcano se fundamenta en que la prohibición total de la sindicación, negociación colectiva y huelga contraviene los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea, que garantizan el derecho de los trabajadores a asociarse libremente y a la negociación colectiva. Además, esta reclamación, sin precedentes en España, se sustenta en sentencias europeas similares que han reconocido estos derechos a cuerpos de seguridad y fuerzas armadas.

Como, por ejemplo, el asunto Euromil contra Portugal (11 de septiembre de 2024), donde el CEDS reconoció el derecho a la sindicación y negociación colectiva a los miembros de las fuerzas armadas portuguesas, o el EuroCOP contra Irlanda (8 de octubre de 2014), cuando el CEDS dictaminó que la privación total del derecho de acción colectiva a la policía irlandesa era injustificada y desproporcionada, al no tener respaldo en una necesidad social imperiosa.

Además de la defensa de los derechos sindicales, JUCIL ha trasladado a la vicepresidenta Dolors Montserrat un conjunto de demandas históricas y urgentes para mejorar las condiciones de trabajo de la Guardia Civil.

La equiparación salarial completa con las policías autonómicas sigue siendo el santo y seña desde la fundación de la asociación, pues un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso y 12.000 euros menos que un ertzaina por desempeñar las mismas funciones, constituyendo una verdadera deuda histórica que debe ser subsanada.

Asimismo, han puesto sobre la mesa la necesidad de reconocer a los miembros del Cuerpo una jubilación digna, pues actualmente estos dejan de trabajar seis años más tarde que un policía local o autonómico, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo.

Por otro lado, le han trasladado a Montserrat su inquietud respecto a las condiciones laborales de la Guardia Civil, señalando que no es concebible que dos cuerpos policiales que dependen del mismo Ministerio del Interior tengan condiciones distintas, ya que un policía nacional trabaja un mes menos al año que un guardia civil. Esto lleva a JUCIL a exigir el establecimiento del turno 6×6, ya implementado en la Policía Nacional.

Para finalizar, la representante del PPE ha podido escuchar de primera mano cómo los agentes han perdido el principio de autoridad entre la ciudadanía, hecho que queda reflejado en los más de 16.800 efectivos de la Benemérita y Policía Nacional agredidos a lo largo de 2024, lo que conecta con la inexplicable falta de consideración de estos trabajadores como profesión de riesgo, algo que sí ocurre con policías autonómicas y municipales. Ante esta situación,  Dolors Montserrat se ha comprometido a impulsar en la Unión Europea el reconocimiento de estos cuerpos como profesión de riesgo.

JUCIL lamenta que tenga que ser una asociación profesional la que defienda más institucionalmente a la Guardia Civil que sus propios superiores jerárquicos y políticos, y reitera la necesidad de un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue del Guardia Civil en todo el territorio nacional.