• La asociación mayoritaria de la Guardia Civil pide a la Dirección General rehacer el proceso, respetando la asignación de vacantes ya asignadas a quienes lo deseen y con obligación de ofertar plazas idénticas para los perjudicados.
• Interior ha utilizado la vía de la “excepcionalidad” sin que puedan participar agentes con más antigüedad, así como tampoco guardias en prácticas que hicieron curso de alguna especialidad o de segunda convocatoria, y sin respetar el derecho preferente absoluto por agrupación familiar.
• Traslada el “enorme malestar” que ha generado esto entre los guardias civiles y el desconcierto entre los futuros agentes.
14 de agosto de 2025. JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha presentado un recurso administrativo ante la Dirección General denunciando una “irregular e ilegal” gestión en la oferta de vacantes y asignación de destinos para los integrantes de la 129ª promoción (Baeza) y la 170ª promoción (Valdemoro) de la escala de cabos y guardias, compuesta por 2.316 y 228 personas respectivamente.
La organización afirma que el procedimiento aplicado ha estado plagado de “errores, criterios erráticos y vulneraciones legales” que han generado perjuicios a múltiples colectivos de guardias civiles. Entre las principales quejas, JUCIL destaca un uso injustificado, inoportuno y que condensa diferentes tratos discriminatorios, del procedimiento excepcional para asignar destinos sin publicación previa de vacantes.
“Consideramos que todos los integrantes de las promociones tienen derecho a realizar su solicitud de vacantes en idéntica fecha y en igualdad de condiciones, sin ningún otro condicionante a salvo del número de escalafón y de otros requisitos objetivos y legalmente habilitados que consten en relación a algunas vacantes. Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad puedan existir vicisitudes que generen incidencias que deban ser ajustadas siguiendo los procedimientos habituales”, recoge el recurso.
La inclusión de vacantes bloqueadas durante años ha provocado que no que puedan solicitarlas agentes con más antigüedad, a lo que se suma las restricciones arbitrarias que han impedido pedir destino a guardias en prácticas en especialidades o de segunda convocatoria, situándolos en una posición de desventaja respecto del resto de sus compañeros.
“Debería conocer la institución que existe personal que llevaba años esperando la publicación y obtención de determinadas vacantes, y que esto rompe el principio de antigüedad y cualquier criterio razonable de gestión de los recursos humanos y enfoque de expectativas profesionales y conciliación familiar.
En este sentido, añade que se ha privado a los alumnos en determinadas situaciones (especialidades, prácticas en segunda convocatoria) de poder solicitar las vacantes, y se ha producido un incumplimiento del derecho preferente absoluto por agrupación familiar, afectando gravemente a la conciliación. La asociación recuerda que estos hechos podrían incurrir en causas de nulidad de pleno derecho según la Ley 39/2015, al vulnerar principios constitucionales como el de igualdad y la protección de la familia.
Número de plazas muy inferior
Junto a todo ello, JUCIL denuncia una oferta de plazas muy inferior a la de solicitantes, pese al déficit de efectivos existente en toda España, a lo que se suman las alteraciones sucesivas de listados y escalafones que cambiaron asignaciones ya comunicadas.
Así, la asociación profesional solicita rehacer el proceso de adjudicación, respetando los derechos de todos los afectados, publicando las vacantes en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y ofreciendo un número de plazas suficiente para garantizar la equidad.
La organización reclama además que previamente se recabe la conformidad de los guardias civiles con las asignaciones iniciales para respetarla -extensivo a las que debieron asignarse aplicando el derecho preferente omitido- y que se convoque un nuevo proceso que incluya todas las vacantes disponibles y todas las que puedan añadirse, duplicando además las ya asignadas previamente que sean objeto de conformidad por los interesados para poder ofertarlas separadamente y no generar perjuicios ni a los adjudicatarios actuales ni a los que les puedan corresponder siguiendo un procedimiento correcto y legal.
“Es casi imposible encontrar un proceso con mayor número de incidencias y decisiones desacertadas”, ha afirmado Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, quien exige a la Dirección General una “rápida y decidida actuación” para reparar los perjuicios causados, planteando una opción que no ofrece ningún perjuicio para quienes ya han obtenido la asignación (que se mantiene), para quienes debieron obtenerla por derecho preferente (a quienes se aplica y se respeta la asignación si muestran su conformidad), para quienes debieron obtenerla por poder solicitarla habiéndoseles impedido (especialidades, segunda convocatoria de prácticas), y para quienes debieron poder optar previamente a ofrecerlas por el procedimiento del artículo 14.2 (guardias civiles que no proceden de Academias)”.
