La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) expresa púbicamente su preocupación ante la incertidumbre que rodea la renovación del concierto de ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y su impacto en la asistencia sanitaria de miles de guardias civiles y sus familias. La situación se ha vuelto crítica debido a las tensiones entre la Administración y las aseguradoras privadas —Adeslas, Asisa y DKV—, que han amenazado con no renovar sus contratos si no se mejoran las condiciones económicas, lo que dejaría a los beneficiarios de ISFAS sin cobertura.

Agustín Leal, secretario de Comunicación de JUCIL, afirma: “Este conflicto pone en peligro la atención sanitaria de muchos compañeros, y si no se resuelve, miles de guardias civiles se verán obligados a recurrir a la sanidad pública, un traslado que provocaría la saturación de un sistema ya de por sí sobrecargado”. La situación resultaría especialmente alarmante en comunidades donde la sanidad pública ya enfrenta largas listas de espera.

Sin información sobre la gestión del conflicto

JUCIL critica la opacidad con la que funciona el sistema ISFAS. Según la asociación, a pesar de que en diversas ocasiones se ha solicitado información detallada sobre la situación actual, la respuesta del organismo ha sido que “toda la información se canaliza a través de las comisiones informativas”. Esta falta de transparencia ha generado un malestar considerable entre los guardias civiles y sus familias, que se ven en una situación de incertidumbre sin tener acceso a datos claros sobre el futuro de su asistencia sanitaria.

 “Es inaceptable que un sistema que gestiona la salud de miles de personas se niegue a ofrecer información directa y transparente a los afectados sobre las condiciones de futuro y de continuidad de su oferta sanitaria. No podemos depender exclusivamente de las comisiones informativas cuando está en juego algo tan vital como la salud de los guardias civiles y sus familias” asegura Agustin Leal.

 JUCIL ha solicitado en varias ocasiones reuniones directas con los responsables de ISFAS, pero estas peticiones han sido rechazadas sistemáticamente bajo el pretexto de que la información solo puede ser compartida a través de los canales internos de las comisiones.

Un sistema insostenible

Las aseguradoras han manifestado que el modelo actual resunta insostenible, ya que les empuja a acumular pérdidas anuales de hasta 200 millones de euros. Aunque la Administración ha propuesto un aumento del 14% en las primas, las aseguradoras insisten en que este incremento no es suficiente y reclaman un aumento del 40% para poder mantener su participación en el sistema mutualista. Si no se alcanza un acuerdo, miles de guardias civiles y sus familias podrían verse forzados a recurrir a la sanidad pública, lo que empeoraría una situación ya complicada para el sistema de salud general.

JUCIL advierte que la situación podría derivar en una crisis sanitaria para los mutualistas de ISFAS. “No podemos permitir que los guardias civiles sean los perjudicados por la falta de un acuerdo entre la Administración y las aseguradoras. La desaparición del sistema de mutuas afectaría gravemente a nuestros afiliados y sus familias, que no pueden permitirse enfrentarse a largas listas de espera o una atención sanitaria de menor calidad”, señala Leal.

Exigimos transparencia y calidad en el servicio

JUCIL exige, y lo reclamará de nuevo en el Consejo de la Guardia Civil, transparencia en la gestión de ISFAS y anuncia que mantendrá su lucha por garantizar una asistencia sanitaria de calidad para los guardias civiles. La asociación ha denunciado enérgicamente la falta de acceso a la información directa y ha instado a las autoridades a ofrecer respuestas claras sobre el futuro del sistema mutualista.”Nuestros compañeros y sus familias merecen respuestas y una solución rápida a este conflicto. La opacidad con la que ISFAS maneja ahora esta situación es inaceptable y no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, agrega Leal. JUCIL no dejará de luchar por los derechos de los guardias civiles y exigirá que se adopten medidas para evitar que miles de personas queden sin la asistencia sanitaria que merecen.