21 de julio 2025. JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha presentado, a través de su representación legal, un acto de conciliación contra la diputada Ione Belarra Urteaga, por declaraciones públicas realizadas el pasado 15 de julio en la localidad murciana de Torre Pacheco.
El procedimiento, registrado formalmente en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, constituye el paso previo a una posible querella penal por injurias graves con publicidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 278 y 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr).
Según el escrito presentado por JUCIL, la diputada Belarra, en el ejercicio de su cargo público y en calidad de portavoz política, emitió declaraciones que podrían constituir una descalificación grave y generalizada contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo expresamente a la Guardia Civil.
En su intervención, la secretaria general de Podemos afirmó ante los medios que en la localidad murciana se estaba presenciando una situación en la que “ni la justicia ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban a la altura de las circunstancias”. Añadió además que, a su juicio, en España “tenemos un serio problema de infiltración de la ideología neofascista tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como en una justicia […]”.
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, subraya que estas afirmaciones no solo atentan contra la dignidad y el honor de los agentes, sino que también pueden tener un impacto negativo sobre la imagen institucional y la confianza pública en las fuerzas de seguridad. Además, hace un llamamiento a los representantes políticos de todos los signos para que cuiden el tono de sus declaraciones y sean plenamente conscientes de la responsabilidad que conlleva el cargo que desempeñan.
Con este acto de conciliación, JUCIL busca una rectificación pública por parte de la diputada antes de dar el paso a emprender acciones penales. La conciliación se plantea como un mecanismo previo obligatorio en delitos de injurias y calumnias, en los que la retractación puede evitar la judicialización del conflicto.