Madrid, 16 de marzo de 2026. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la resolución de 5 de junio de 2023 de la Dirección General de la Guardia Civil por la que se creaban las denominadas Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS de Tráfico), tras estimar el recurso presentado por JUCIL.
La asociación recurrió esta disposición al considerar que dichas unidades habían sido creadas de manera irregular. Según denunció JUCIL, la primera noticia de su existencia se produjo cuando comenzaron a asignarse destinos a agentes para integrarse en estas unidades, sin que previamente se hubiera creado formalmente la estructura ni se hubiera modificado la normativa necesaria para ello, además de haberse omitido la participación de las asociaciones profesionales.
Durante el procedimiento judicial, la Dirección General de la Guardia Civil defendió que su actuación había sido correcta y solicitó incluso la inadmisión del recurso, alegando que se trataba de una actuación no recurrible y que el recurso se había presentado fuera de plazo. Sin embargo, el tribunal ha rechazado estos argumentos y ha entrado a analizar el fondo del asunto.
La sentencia considera probado que la Dirección General creó una nueva unidad operativa sin seguir el procedimiento adecuado para una decisión de ese alcance. El tribunal señala que la creación de las UNIS se comunicó únicamente a través de la intranet corporativa, sin constar publicación oficial ni la tramitación necesaria, como la audiencia al Consejo de la Guardia Civil o los procedimientos normativos correspondientes.
Asimismo, la resolución judicial subraya que la creación de estas unidades no puede considerarse una simple reorganización interna, ya que supuso la constitución de una unidad nueva con efectos operativos reales y con asignación de efectivos, lo que de facto implicaba una modificación de la normativa vigente.
Desde JUCIL señalan que esta sentencia supone un nuevo correctivo judicial a la gestión de la Dirección General y pone de manifiesto la importancia de respetar los procedimientos legales y la participación de las asociaciones profesionales en decisiones que afectan a la organización del servicio y a los guardias civiles.
La asociación recuerda que es previsible que la Administración recurra la sentencia en casación, lo que podría retrasar su ejecución. No obstante, JUCIL reafirma su compromiso de seguir defendiendo los derechos de los guardias civiles frente a cualquier actuación irregular que afecte a la organización del servicio o a las condiciones profesionales de los agentes.
