• La asociación denuncia que la llegada de más de 3.200 inmigrantes en lo que va de verano supone una presión sin precedentes
• Mafias organizadas, furgonetas de escape y playas sin vigilancia: el nuevo mapa del tráfico de personas
Madrid, 7 de julio de 2025. JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, denuncia que, aunque el archipiélago balear se ha convertido desde hace años en una gran puerta de entrada de la inmigración ilegal en España y Europa, esta vía tan transitada sigue siendo la gran desconocida para la mayoría de la población española. En lo que va de temporada estival, la cifra de personas desembarcadas de manera ilegal supera ya las 3.200, todas llegadas en patera a las costas del archipiélago. La mayoría lo ha hecho en embarcaciones procedentes de Argelia, aprovechando las buenas condiciones del mar y la falta de vigilancia en puntos clave del litoral balear.
Además, desde finales del año pasado, el mar está arrojando a la costa los cuerpos sin vida de numerosos inmigrantes que viajaban en pateras naufragadas. Esta tragedia pone de manifiesto que la falta de efectivos no solo compromete la seguridad, sino que también favorece que las mafias operen con total impunidad, aprovechando la debilidad del sistema para traficar con seres humanos sin apenas obstáculos.
La asociación, encabezada por Ernesto Vilariño, advierte de que esta situación no es fruto del azar, sino consecuencia de una organización criminal cada vez más profesionalizada. Se han documentado casos en lugares como S’Estanyol (Mallorca), donde incluso hay furgonetas que esperan a los inmigrantes en la costa para trasladarlos rápidamente a otros puntos de la isla, evitando así la intervención de las fuerzas de seguridad. Estas redes no solo vulneran nuestras fronteras, sino que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de los propios migrantes, muchos de los cuales son abandonados a su suerte o utilizados como mercancía humana.
Ibiza y Formentera, además de ser destinos turísticos de primer orden, se han transformado en focos sensibles de entrada irregular por mar. A la elevada concentración de visitantes extranjeros durante la temporada estival se suma el hecho de que las Pitiusas se han convertido en enclaves prioritarios para las redes de tráfico de personas. Solo en lo que va de año, han arribado a sus costas más de 1.107 migrantes a bordo de 65 pateras. Esta presión ha obligado a la Guardia Civil, con recursos muy limitados, a intensificar la vigilancia marítima, incorporando una nueva embarcación con base en Ibiza que refuerza a la ya desplegada de forma permanente en Cabrera.
En Formentera, el panorama es aún más preocupante: además de encabezar la recepción de flujo migratorio con 52 de estas pateras y 896 migrantes, la isla no dispone de una estación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), lo que dificulta la detección temprana de embarcaciones. A ello se suma la escasez de efectivos, provocada por la falta de alojamiento para los agentes, lo que impide cubrir las plazas asignadas y deja a la isla en una situación de vulnerabilidad casi total.
Baleares, frontera desprotegida: la inmigración ilegal se dispara mientras faltan agentes
JUCIL lleva años advirtiendo de la imperiosa necesidad de cubrir las más de 17.000 plazas vacantes que arrastra la Benemérita. Esta carencia estructural se agrava en verano, cuando la población se multiplica, especialmente en Baleares, y la presión migratoria se intensifica. La falta de personal no solo afecta a la vigilancia costera, sino también a la atención ciudadana, la seguridad vial y la lucha contra el tráfico de personas, lo que puede dañar gravemente la imagen no solo de las islas, sino del conjunto de España.
Es imprescindible dotar a la Guardia Civil de medios materiales y tecnológicos adecuados para la vigilancia marítima y, por supuesto, establecer una política migratoria firme y coordinada que no deje solas a las islas ante esta crisis.
La Guardia Civil no puede seguir siendo el dique de contención de una crisis migratoria sin los recursos necesarios. La ciudadanía merece una seguridad de calidad, y los agentes, condiciones dignas para ejercer su labor. No se puede hablar de control de fronteras mientras se recortan medios y se ignora la realidad sobre el terreno. Proteger nuestras costas no es una opción: es una obligación.