Madrid, 15 de septiembre de 2025. JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, critica la actuación del gobierno por alentar concentraciones y protestas que han puesto en riesgo la integridad física de ciclistas, organizadores, seguidores y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante La Vuelta Ciclista a España.

La asociación considera que la actitud del Gobierno y sus socios, con claros posicionamientos a favor de los incidentes ocurridos en la última semana de la prueba, es una grave irresponsabilidad. En particular, JUCIL señala al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ayer se manifestaba sin pudor en un mitin político en Málaga en los siguientes términos: “Hoy termina la Vuelta. Respeto y reconocimiento a los deportistas. Y nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina”, obviando el clima de violencia que fue en aumento desde la etapa de Bilbao.

JUCIL rechaza también de manera tajante las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificando la interrupción de La Vuelta, alegando que lo ocurrido fue “fruto de una manifestación social” de “una inmensa mayoría de españoles que ejercieron su derecho a manifestarse” en un país “que dice ya basta”. Sólo al final de su intervención se acuerda de desear un “pronto restablecimiento” para la veintena de agentes heridos, lesiones que, según la asociación, eran perfectamente evitables.

Asimismo, censura las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien se felicitó por el “carácter pacífico” de las protestas a pesar de las más de dos decenas de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resultaron heridos.

Ante la falta de coherencia en las decisiones y la gestión del operativo de seguridad, JUCIL pide a la directora general de la Guardia Civil, al delegado del Gobierno en Madrid y al ministro del Interior que ofrezcan explicaciones detalladas sobre el diseño del dispositivo de protección, especialmente en la etapa final en la Comunidad de Madrid. La asociación también exige conocer qué órdenes se transmitieron a los agentes cuando los manifestantes comenzaron a invadir las calles y a paralizar la caravana ciclista.

Si no se reciben explicaciones convincentes sobre su actitud y decisiones, JUCIL pedirá la dimisión del presidente del Gobierno, del ministro del Interior y del delegado del Gobierno en Madrid.