13 de febrero de 2026. La asociación profesional JUCIL ha presentado una instancia formal ante la Dirección General de la Guardia Civil para denunciar el grave deterioro del clima laboral y la posible vulneración sistemática de los derechos de los agentes en el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) nº 3 de Valencia. La asociación alerta de la gestión de los servicios basada en la arbitrariedad, sin justificación, y la falta de planificación en un entorno en el que prolifera un ambiente laboral negativo.

Anulación masiva de descansos sin justificación

El detonante de esta última crisis ha sido, al parecer, la anulación de descansos semanales de aproximadamente 30 componentes de la unidad para participar en un dispositivo en Madrid con motivo de la “tractorada”. JUCIL denuncia que este evento era público y conocido con meses de antelación, por lo que no puede alegarse una “necesidad del servicio” sobrevenida o imprevista para alterar la planificación de los servicios. Esta práctica se ha convertido en algo habitual desde el pasado verano, afectando gravemente a la conciliación familiar y a la salud mental de los guardias civiles según trasladan asociados.

Clima laboral negativo

Los hechos denunciados revisten una gravedad extrema en cuanto al trato percibido por los agentes, que trasladan los siguientes testimonios:

• Se han producido llamadas individuales al personal que compone la unidad, informando al parecer sobre posibles consecuencias profesionales si deciden causar baja médica o si no pueden presentarse estando de descanso.
• Debido a situaciones en las que no ha sido posible contactar telefónicamente con agentes que acababan de finalizar servicios prolongados o nocturnos, parece ser que se ha llegado a enviar patrullas de seguridad ciudadana a sus domicilios particulares para notificarles cambios de servicio.
• Según información recibida, parece ser que se ha puesto en marcha una práctica consistente en solicitar a los agentes que se encontraban fuera de la provincia en sus días libres el envío de billetes de transporte o justificantes de desplazamiento, para demostrar su imposibilidad de acudir al requerimiento invirtiendo la carga de la prueba y situando al trabajador bajo sospecha permanente.

El personal traslada que comprende perfectamente su especial situación de disponibilidad dada la especialidad en la que se encuentran, que requiere que situaciones sobrevenidas de alteraciones del orden público graves o cualquier evento que surja de forma espontánea, entre otras, sean atajadas por estas unidades o requieran su presencia, si bien no puede ser la forma de trabajo habitual. Un trabajador descansado y motivado rinde más y de forma más segura.

Deficiencias en seguridad  

JUCIL también ha puesto en conocimiento de la superioridad otras irregularidades detectadas en la unidad:

• Incentivos y dietas: denegación injustificada de aumentos de dieta en comisiones de servicio en las que las dietas correspondientes a su grupo de funcionariado no cubren los gastos generados por el trabajo, además de una posible aplicación irregular de las alertas en centrales nucleares, que no se contabilizan correctamente en el cómputo trimestral.
• Riesgo físico: en servicios recientes en Albacete, se obligó a los agentes a conducir vehículos oficiales con la luna delantera rota, con el consiguiente riesgo aparejado de rotura de la luna y posibilidad de ocasionar un accidente de tráfico poniendo en riesgo la seguridad vial y la de los propios efectivos.
• Existen dudas sobre la justa aplicación de forma ecuánime de la meritocracia o los requisitos necesarios para la concesión de medallas tras la DANA. Así como, en la realización de pruebas físicas anuales para determinados miembros de la unidad.

JUCIL exige responsabilidades ante estas situaciones descritas, solicitando que se cumpla la normativa laboral en cuanto a lo que significa necesidades del servicio, de manera que se planifique teniendo en cuenta eventos o actos que se conocen con mucha antelación, de forma que se pueda cumplir con el trabajo, pero también con la vida familiar, ya que una planificación inadecuada no puede ser óbice para la anulación de la conciliación familiar. La asociación no permitirá que se utilice la “necesidad del servicio” como un cheque en blanco para pisotear el derecho al descanso y la dignidad de los trabajadores de la Guardia Civil.