6 de septiembre de 2025. JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, advierte de que la memoria de la Fiscalía del Estado vuelve a evidenciar una realidad alarmante: el narcotráfico deteriora gravemente la seguridad en España y, en particular, en Andalucía, donde se concentran las mayores cifras de procedimientos y la violencia asociada a este fenómeno.

La Fiscalía subraya que el bajo precio de la cocaína refleja una disponibilidad sin precedentes, un dato que contrasta con los balances triunfalistas del Ministerio del Interior, que en 2024 destacó un aumento del 43% en las operaciones policiales dentro del Plan del Campo de Gibraltar.

“Los guardias civiles estamos al límite. La memoria de la Fiscalía demuestra que, pese a los esfuerzos policiales, el narcotráfico se expande, la violencia crece y la seguridad se deteriora. Es hora de que el Gobierno pase de los discursos a los hechos”, denuncia JUCIL.

En el caso de Andalucía, vuelve a situarse en el epicentro del narcotráfico. La memoria describe a esta comunidad como la más castigada y visible en la lucha contra la droga, donde los narcotraficantes actúan con actitud desafiante hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, exhibiendo narcolanchas y armas de guerra.

Asimismo, apunta a la consolidación de nuevas rutas en diferentes provincias, “ya no se quedan en el Estrecho y van a otros puntos de la costa”, como por ejemplo Huelva, donde se ha registrado un incremento del 600% en incautación de cocaína (de 558 kg en 2023 a 2.972 kg en 2024), con organizaciones que además disponen de armas de guerra y operan con estética paramilitar.

En Granada, pone el acento en el desembarco de bandas internacionales (albanesas, lituanas, holandesas) en el cultivo de marihuana, desplazando a clanes locales y aumentando la violencia.
Mientras, Málaga protagoniza un alza del 28,65% en procedimientos, tercera provincia de España en causas por tráfico de drogas tras Barcelona y Madrid.

En Cádiz, el Campo de Gibraltar sigue siendo territorio crítico, con repunte de diligencias y graves delitos asociados, como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.

En total, en Andalucía la memoria contabiliza 5.276 procedimientos tramitados en 2024, con incrementos en casi todas las provincias.

Frustración e impotencia en la lucha

La propia Fiscalía reconoce que el marco legal actual resulta insuficiente, lo que conduce al fracaso de investigaciones complejas y genera impotencia y frustración entre guardias civiles, policías, jueces y fiscales que trabajan contra unas redes criminales cada vez mejor organizadas y violentas. Señala que el criterio de la “interprovincialidad” es inadecuado para definir los delitos más graves que deberían recaer dentro de la competencia de la Audiencia Nacional.

En este sentido, JUCIL se suma a las peticiones de la Fiscalía y espera que la especialización de órganos territoriales pueda paliar los problemas de algunas zonas y provincias como el Campo de Gibraltar, Huelva o Málaga.

Así, la asociación considera urgente que el Ministerio del Interior aborde el problema del narcotráfico de manera estratégica y no con medidas coyunturales, adaptando la respuesta del Estado a la capacidad de evolución de las organizaciones criminales. “La memoria de la Fiscalía demuestra que el actual modelo es insuficiente y que las mafias se adaptan con rapidez a los refuerzos puntuales”.

En lo que respecta a la Guardia Civil, reclama:

• Refuerzo inmediato de las plantillas en las provincias más castigadas por el narcotráfico.
• Inversión sostenida en medios materiales y tecnológicos que permitan frenar la expansión de las redes criminales.
• Recursos marítimos adecuados para combatir de manera eficaz el uso de narcolanchas, convertidas en símbolo de la impunidad con que actúan las organizaciones.

Además, JUCIL advierte de que la desaparición del OCON-Sur ha debilitado el dispositivo contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y otras zonas críticas. La unidad operativa fue durante años una herramienta eficaz de coordinación y presión sobre las redes criminales, y su supresión ha generado un vacío que hoy se refleja en la expansión territorial de las mafias.

Otra de las medidas necesarias es la declaración del Campo de Gibraltar y la costa andaluza como Zona de Especial Singularidad (ZES), clave para atraer y retener personal cualificado ante la extrema presión delictiva en la zona.

A ello se suma una reivindicación histórica: el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo. Los agentes que combaten el narcotráfico se enfrentan cada día a organizaciones violentas, armadas con material de guerra y dispuestas a embestir contra patrullas y embarcaciones oficiales. Una labor que exige un reconocimiento justo y que hasta ahora el Gobierno sigue negando.