Madrid, 11 de noviembre de 2025.  JUCIL ha denunciado que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, no dispone de un registro actualizado ni centralizado sobre la antigüedad ni el estado de los vehículos oficiales del Cuerpo. Esta carencia, reconocida por el propio Estado Mayor en una comunicación oficial remitida a JUCIL, impide conocer con precisión la situación real del parque móvil y supone “un riesgo para la seguridad de los agentes y una muestra de mala gestión administrativa”.

La Secretaría Nacional de Riesgos Laborales y Suboficiales de JUCIL había solicitado a todas las comandancias información sobre la antigüedad de los vehículos. Siete de ellas respondieron aportando los datos requeridos, pero el resto remitió la consulta al Estado Mayor, que finalmente contestó que no existe ningún registro que clasifique esa información y que elaborarlo implicaría “una dedicación desproporcionada de recursos humanos y materiales”. En la práctica, esto significa que el propio Ministerio del Interior desconoce la edad y las condiciones de buena parte de los coches patrulla y otros vehículos operativos utilizados a diario por los guardias civiles.

Desde JUCIL consideramos “inadmisible” que la Dirección General no pueda ofrecer una información tan básica, especialmente tratándose de medios esenciales para el servicio público y la seguridad de los trabajadores. No hablamos de datos sensibles ni confidenciales, sino de la seguridad de los compañeros que cada día patrullan en vehículos envejecidos y sin mantenimiento suficiente.

La asociación exige al Ministerio del Interior que adopte medidas urgentes para crear un registro nacional de vehículos de la Guardia Civil que incluya datos de antigüedad, kilometraje, revisiones e incidencias. Además, reclama que se establezcan protocolos de renovación periódica de los medios de transporte para garantizar la seguridad y la eficacia operativa de los agentes.

Cada coche en servicio representa la primera línea de trabajo de los guardias civiles. Ignorar su estado es poner en riesgo su vida y la de los ciudadanos. Mantendremos la presión institucional y mediática hasta que Interior asuma su responsabilidad.