13 de enero de 2026. Las agresiones a agentes de la Guardia Civil continúan situándose en niveles muy elevados. Según los últimos datos disponibles, hasta el tercer trimestre de 2025 el número de agresiones a guardias civiles siguió por encima del millar en toda España, lo que se traduce en una media de cinco ataques al día.
Aunque en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior se registra un descenso del 11%, las cifras actuales siguen superando claramente los guarismos de 2022 y 2023, lo que confirma que la violencia contra los agentes no es un fenómeno puntual, sino un problema estructural que se mantiene en el tiempo.
Resulta especialmente preocupante el impacto directo de estas agresiones en la salud de los guardias civiles. El 47% de los incidentes que generan absentismo laboral tienen su origen en agresiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones, lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los agentes y la insuficiencia de las medidas de protección y de respaldo institucional.
Pese a estos datos, el Ministerio del Interior continúa sin reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo, una reivindicación histórica del colectivo que sigue sin respuesta. Este miércoles JUCIL acudirá a Bruselas para mantener una reunión con el Grupo Popular Europeo, que trabaja en el impulso de una futura directiva europea relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para los agentes de policía y a su consideración como profesiones de riesgo.
No es la única lucha activa de JUCIL en Europa, pues también ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa para reconocer los derechos de sindicación, negociación colectiva y la regulación del derecho a huelga para los guardias civiles en España.
En paralelo, JUCIL mantiene abierta una batalla judicial en el Tribunal Supremo, que el pasado octubre admitió a trámite su solicitud de extensión de los efectos de la sentencia que reconoce la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional adscritos al régimen de la Seguridad Social.
Y es que para JUCIL el Real Decreto aprobado el pasado mayo que regula el procedimiento previo para determinar en qué casos puede anticiparse la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, no garantiza en modo alguno que se vaya a iniciar ni a estimar ante la inacción hasta ahora conocida del Gobierno actual.
“La sociedad exige mucho a sus guardias civiles, pero no se nos protege con justicia”, recuerdan desde JUCIL, que añaden que es una injusticia institucional que debe corregirse cuanto antes, dado que otras policías autonómicas o locales sí tienen reconocido este derecho. “Estamos hablando de vidas humanas puestas al servicio de todos los ciudadanos, muchas veces en condiciones precarias y sin respaldo”.
Junto a ello, añaden que “los guardias carecen del respaldo legal y administrativo suficiente para repeler con seguridad y eficacia las agresiones, sin temor a ser sancionados o sometidos a expedientes disciplinarios”.
Más protección material
Por otro lado, JUCIL reclama la implementación de medidas materiales y de prevención adecuadas, que permitan a los guardias civiles desempeñar sus funciones con la seguridad que merecen. Es imprescindible que el Gobierno actúe de inmediato para proporcionar recursos y herramientas que minimicen los riesgos a los que están expuestos los agentes”.
En este sentido, considera imprescindible la dotación de defensas extensibles, una por cada Guardia Civil; pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla; cámaras unipersonales; chalecos antibalas individuales, pues actualmente se comparten y muchas veces utilizando otras tallas; chalecos antibalas y trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo; fundas de pistola antihurto y vehículos modernizados. Además, solicita protocolos de custodia de detenidos y para evitar desplazamientos en solitario de un único efectivo para formar patrulla.
