16 de enero de 2026. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, valora de forma muy positiva la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que revoca la absolución y condena a prisión a un petaquero, al considerar delito la tenencia ilegal y el transporte de grandes cantidades de gasolina destinadas al narcotráfico.
Esta resolución judicial supone un respaldo directo y explícito a lo que JUCIL viene defendiendo desde hace años: el petaqueo no es una actividad secundaria ni marginal, sino una pieza clave de la logística del narcotráfico, sin la cual las organizaciones criminales no podrían operar con narcolanchas. Por ello, JUCIL considera imprescindible que esta conducta tenga una respuesta penal clara, y no quede limitada a sanciones administrativas claramente insuficientes.
La sentencia refuerza además la seguridad jurídica de los guardias civiles que actúan diariamente contra vehículos, embarcaciones y almacenes cargados con cientos o miles de litros de gasolina, asumiendo un riesgo evidente para su integridad física y para la seguridad de la ciudadanía. No se trata solo de combatir una infracción, sino de neutralizar un peligro real y constante que ya ha tenido consecuencias trágicas.
No obstante, desde JUCIL se advierte de que, aunque esta línea jurisprudencial es un paso en la buena dirección, resulta insuficiente mientras no exista una regulación clara, firme y homogénea en todo el territorio nacional. La falta de un marco legal uniforme permite que las organizaciones criminales sigan explotando grietas normativas y diferencias territoriales para mantener su logística.
Por ello, JUCIL insiste en la necesidad urgente de una reforma del Código Penal que tipifique de forma expresa el petaqueo y el suministro de combustible al narcotráfico, o, en su defecto, que refuerce y clarifique la aplicación del artículo 568 del Código Penal, eliminando dudas interpretativas y cerrando definitivamente las puertas a la impunidad.
Narcotráfico en Cádiz y zonas costeras
Por otro lado, JUCIL recuerda, además, que la provincia de Cádiz continúa siendo una de las zonas más expuestas a la problemática del narcotráfico, una situación que se ha extendido progresivamente a otras zonas costeras de Andalucía. Sin embargo, lejos de haberse producido un refuerzo real de efectivos, lo que se ha llevado a cabo es una reorganización interna de efectivos, trasladando guardias civiles que formaban parte de OCON-SUR a unidades de Policía Judicial y al EDOA, dejando desprotegidas las unidades de las que procedían. Esta redistribución no ha supuesto un aumento de personal, sino que ha debilitado otras áreas operativas igualmente esenciales.
En cuanto a los medios materiales, el balance es igualmente negativo. No solo no se ha producido un incremento real de recursos, sino que los existentes presentan graves deficiencias:
- Embarcaciones inservibles: las embarcaciones entregadas se encuentran averiadas, lo que impide su utilización efectiva frente a las narcolanchas.
- Vehículos gravemente deteriorados: la Guardia Civil continúa operando con vehículos que superan ampliamente los 250.000 kilómetros, muchos de ellos sin sistemas de seguridad antiempotramiento, exponiendo a los agentes a un riesgo extremo en persecuciones y embestidas.
- Vehículos no aptos para el servicio: se están entregando coches eléctricos e híbridos que no responden a las exigencias operativas de la zona, donde se requiere potencia, velocidad y resistencia para combatir al crimen organizado.
Por todo ello, desde JUCIL instamos al Ministerio del Interior a reconocer la realidad del Campo de Gibraltar y del resto de provincias andaluzas a las que se ha desplazado el narcotráfico, y a adoptar medidas concretas y urgentes: más medios materiales adecuados, un refuerzo real de personal, la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) y la recuperación de una estructura operativa específica como OCON-SUR, que permita una respuesta eficaz, sostenida y segura frente al narcotráfico.
